El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, presidió hoy la reunión del Consejo de Gobierno. Después, el portavoz del Ejecutivo, Julio Pérez, dio a conocer los acuerdos alcanzados:
El Gobierno amplía de seis a 12 meses el tiempo de posicionamiento del helicóptero con base en La Gomera
El Gobierno de Canarias, a propuesta de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, autorizó hoy el gasto correspondiente a la modificación del contrato del Servicio Público Integral de Atención de Emergencia, Protección Civil y Vigilancia mediante Helicópteros Multifuncionales y sus dotaciones, por importe de 700.384,08 euros (IGIC exento).
Esta modificación, la segunda del contrato inicial, tiene como objeto ampliar el tiempo de posicionamiento del helicóptero multifuncional con base en La Gomera de los seis meses inicialmente previstos a 12 meses para mejorar la cobertura en situaciones de emergencia y catástrofes de diferente índole en el ámbito territorial de Canarias, debido a que se ha producido una alteración en la estacionalidad de los incendios forestales, que ya no se producen solo en verano, sino que se dan a lo largo de todo el año.
El contrato del Servicio Público Integral de Atención de Emergencia, Protección Civil y Vigilancia mediante Helicópteros Multifuncionales y sus dotaciones se formalizó, por la extinta Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, el 11 de noviembre de 2015. Dicho contrato abarca un periodo comprendido desde el 12 de noviembre de 2015 hasta el 11 de noviembre de 2021.
El contrato inicial constaba de dos lotes: uno, correspondiente al servicio en las bases del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) de las islas de Tenerife y Gran Canaria y, el otro, al servicio en las bases GES de las islas de El Hierro, La Palma y Fuerteventura.
Primera modificación
En abril de 2016 se realizó la primera modificación del contrato con el objetivo de contar con un nuevo helicóptero multifuncional para dar cobertura a situaciones de emergencia y catástrofes en Canarias situando su base en La Gomera, y se estableció como periodo de cobertura el comprendido entre los meses de mayo a octubre, meses de máxima afluencia de visitantes a la isla.
En abril de 2020, el Servicio de Protección Civil y Atención a las Emergencias del Gobierno informa sobre la necesidad de ampliar el tiempo de posicionamiento de dicha aeronave de seis meses a un año para mejorar la cobertura en situaciones de emergencia y catástrofes. Con tal fin, el Ejecutivo canario aprueba ahora una segunda modificación del contrato del Servicio Público Integral de Atención de Emergencia, Protección Civil y Vigilancia mediante Helicópteros Multifuncionales.
El Gobierno anticipa a los municipios 103 millones del FCFM y los libera de las condiciones para el 50%
El Consejo de Gobierno aprobó hoy el Proyecto de Decreto Ley sobre régimen excepcional del Fondo Canario de Financiación Municipal (FCFM) para 2020 y de Fomento de la Participación Ciudadana a propuesta de las consejerías de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, y de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirigen Román Rodríguez y Julio Pérez, respectivamente. La finalidad de la norma es anticipar a los ayuntamientos 103 millones de euros que deberían percibir en diciembre y flexibilizar el uso del dinero transferido.
En el Decreto Ley, y para el ejercicio 2020 con la finalidad de inyectar liquidez a los municipios, se retira en el FCFM la condicionalidad del 50% dedicado a inversiones, de modo que se pueda utilizar libremente por los ayuntamientos. También para el presente año se permitirá el uso incondicional del Fondo por parte de los ayuntamientos, aunque no se cumpla con alguno o con todos los indicadores de saneamiento económico financiero.
No obstante, se mantiene la obligación de presentar las auditorías de liquidación del ejercicio presupuestario de 2019 como mecanismo de que que los ayuntamientos presenten sus cuentas anuales a los efectos del diagnóstico económico-financiero.
El Gobierno, con la conformidad de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y previo informe del Consejo Municipal de Canarias, además autoriza a que en el presente año 2020 se anticipe el 70% del importe previsto del FCFM. Hasta ahora solo recibían los ayuntamientos un anticipo del 35% (ya efectuado en el actual ejercicio) y el resto se transfería cuando presentaban las auditorias de a liquidación del año anterior. Esto significa, que se anticiparan a los ayuntamientos 103 millones adicionales (otro 35%). Tal cantidad, que hubiesen recibido a final de año, se transfiere este 31 de julio, para la cual la Dirección General del Tesoro ya ha preparado los trámites necesarios.
La norma establece un régimen excepcional del FCFM para el presente ejercicio, de modo que pueda ser destinado a políticas de gasto vinculadas a los servicios públicos esenciales, así como a gastos derivados de la respuesta a la crisis sanitaria, incluidos los derivados del fomento e implantación de sistemas de teletrabajo del personal al servicio del ayuntamiento o de sus entes dependientes.
Sin perjuicio de ello, los ayuntamientos con una peor situación de salud financiera podrán, si lo estimaran oportuno, mantener el destino de saneamiento financiero de esta parte del Fondo. Además, el decreto ley contempla que los ayuntamientos podrán destinar los excesos de financiación no utilizados derivados del FCFM correspondientes al ejercicio 2019 a esas mismas finalidades.
Además, como medidas de apoyo a la tesorería de los ayuntamientos que por la declaración del estado de alarma han adoptado medidas coyunturales de aplazamiento de los períodos de cobranza de sus tributos periódicos, se establece la no aplicación de las reducciones por incumplimiento de los condicionantes de la cuantía de libre disposición.
Participación ciudadana
Por otro lado, para el Gobierno de Canarias resulta evidente que una crisis de esta envergadura solo podrá ser superada con el concurso de toda la sociedad. En tal sentido, el Pacto para la Reactivación Económica y Social de Canarias apela a la necesaria participación de toda la sociedad civil y, al aludir a la transformación digital de las administraciones, requiere la incorporación de la perspectiva del gobierno abierto en la prestación de los servicios públicos, por lo que es preciso poner en valor el mandato, recogido en el artículo 9.2 de la Constitución Española, de facilitar la participación de la ciudadanía.
La Ley 5/2010, de 21 de junio, Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana, quedó obsoleta muy pronto dada la evolución de las nuevas tecnologías aplicadas a los procesos participativos que se pudieran iniciar. En concreto, la regulación actual del Registro de Participación Ciudadana exige una solicitud previa y posterior resolución de inscripción, lo que supone una carga administrativa estéril para el interesado y un escollo insalvable a la hora de iniciar procesos participativos por parte de la Administración del Gobierno de Canarias, como el que de modo inmediato debe ponerse en marcha.
Este trámite ha desincentivado la participación y lo demuestra el hecho de que en el citado registro actualmente están dadas de alta tan solo 23 entidades ciudadanas y 44 personas desde que en 2010 se publicara la Ley, por lo que resulta obligado acometer una reforma puntual de esa ley para remover este obstáculo y que, con carácter inmediato, puedan iniciarse los procesos participativos necesarios para el buen fin de aquellos, en ejercicio de la competencia atribuida por el art. 108 a) del Estatuto de Autonomía de Canarias.
Así, este decreto ley modifica la norma actual y configura al Registro de Participación Ciudadana como un registro obligatorio no de personas o entidades, sino de procesos participativos, garantizando su carácter abierto y accesible, puesto que para acceder a tales procesos no será preciso la inscripción, y autorización administrativa con carácter previo sino la mera participación en el correspondiente proceso. De esta manera, se actualiza el Registro actual como un instrumento abierto y se suprimen las referencias a la inscripción previa en el mismo como requisito de participación.
Por último, el decreto ley también acuerda la derogación total del Decreto 94/2014, de 25 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de Participación Ciudadana, así como del Decreto 95/2014, de 25 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de las consultas a la ciudadanía en asuntos de interés general de competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias, en la medida que su contenido aún vigente presenta una alta complejidad y carga burocrática que los convierte en un factor disuasorio para la participación.
El Decreto ley profundiza de esta manera en remover los obstáculos a la participación ciudadana, tanto a título individual como colectivo, sin renunciar a su normalización institucional dentro del Gobierno de Canarias de forma que se asegure su realización con unos estándares de calidad adecuados.
El Gobierno de Canarias aprueba el Segundo Plan de Recuperación del Opilión
El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, ha aprobado este jueves, 30 de julio, el Decreto para el Segundo Plan de Recuperación del Opilión, (Maiorerus randoi), especie endémica incluida en la categoría de “en peligro de extinción” en el Catálogo Español de Especies Amenazadas.
Este Plan de Recuperación tiene como finalidad principal garantizar la supervivencia del Opilión, especie cavernícola muy susceptible a los cambios de las condiciones ambientales, prestando una especial atención a enmendar las condiciones que están limitando el aporte de nutrientes a la cavidad. Desde el comienzo de los años 90 hasta la actualidad, se han observado tan solo 28 ejemplares de dicha especie y siempre en los sectores más internos del tubo volcánico.
Entre las actuaciones encaminadas a mejorar el estado de conservación de la Cueva del Llano, se plantea la modificación del cerramiento del Centro de Interpretación de la misma, de tal forma que se permita la entrada del agua procedente de la escorrentía, principal aporte nutricio para la fauna que habita en la cavidad. También se realizará la canalización de las aguas superficiales desde el cauce del barranco, de tal manera que permita la llegada de agua a la cavidad de la misma forma que antes de la construcción de diversas edificaciones y carreteras en la zona.
Este Plan recién aprobado, se presenta como la continuación del anterior, aprobado en su día por el Decreto 38/2012, cuya vigencia de cinco años se agotó al no alcanzar un grado óptimo de cumplimiento de los objetivos planteados. Por lo tanto, ante las amenazas actuales para esta especie tales como, la alteración de las condiciones ambientales de la cueva, la introducción de residuos y de otras especies de fauna, la ejecución de la Urbanización del Plan Parcial PS-1 “Castilla- La Costa, entre otros, se hacía necesario adoptar nuevas medidas y actuaciones de recuperación.
El ámbito de actuación de este Segundo Plan abarca la totalidad del área de distribución conocida del Opilión (Maiorerus randoi) que se circunscribe al tubo volcánico Cueva del Llano, la proyección del mismo en superfície y la zona de protección que abarca 50 metros a la redonda a partir de dicho tubo volcánico.
El nuevo Palacio de Justicia de Santa Cruz, en Cabo Llanos, respetará las zonas verdes y dotaciones públicas previstas
La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, informó hoy al Consejo de Gobierno sobre las actuaciones llevadas a cabo para la construcción del nuevo Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife en la zona de Cabo Llanos que albergará tanto a los órganos judiciales unipersonales como colegiados, los servicios del Instituto de Medicina legal y Ciencias Forenses, las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito, los equipos de Mediación, dependencias específicas para profesionales de la abogacía y la procura, además de otras profesiones jurídicas, así como servicios comunes, salas de acceso y espera, bibliotecas y salas de estudio, entre otros.
En este sentido, Pérez explicó la alternativa (entre nueve que han sido estudiadas) acogida de común acuerdo con los distintos departamentos del Ejecutivo autonómico titulares de las parcelas afectadas (Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos y la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes), y con la disposición favorable de los servicios técnicos y urbanísticos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Se trata de una opción que permitirá ubicar la mayor parte de la Ciudad de la Justicia en dos edificios casi contiguos, separados por una plaza, con la edificabilidad necesaria y lo suficientemente cercanos para permitir su conexión. Se persigue así reducir la excesiva altura prevista para la mayoría de los edificios que se ejecutarán en la zona sin que ello suponga una merma en su aprovechamiento.
A tal fin, se emplearán dos parcelas propiedad del Gobierno de Canarias en la manzana ubicada detrás de los centros comerciales de la Avenida de 3 de Mayo. De esta manera, se repartirá el aprovechamiento de esas dos parcelas. El uso docente se trasladará a una parcela inmediata, a la ubicada detrás de las Torres, donde se utilizará el aprovechamiento edificativo existente para albergar el centro educativo.
Con el fin de culminar los trabajos en el menor tiempo posible, la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad tramita ya un nuevo encargo a la Empresa Pública Gestur Tenerife, S.A. para la redacción de los documentos que permitan llevar a cabo la actuación excepcional del Gobierno para la modificación de parte del instrumento de ordenación del Plan General de Santa Cruz mediante su suspensión en el ámbito de Cabo Llanos, con el objeto de garantizar la implantación de la Ciudad de la Justicia. Asimismo, se elaborarán las normas sustantivas aplicables de manera transitoria sobre los terrenos en los que se propone la suspensión del PGO y se efectuará el correspondiente procedimiento de evaluación ambiental estratégico.
Con estas actuaciones se logrará el impulso definitivo del proyecto y el comienzo de los trabajos para dotar a Santa Cruz de Tenerife de las instalaciones necesarias para garantizar una Administración de Justicia moderna y eficiente, en un espacio emblemático de la ciudad y de forma coincidente con las reivindicaciones de los operadores jurídicos y de la ciudadanía, al mantener y ampliar las dotaciones y servicios públicos de la zona.
Desde el inicio de la legislatura, la Consejería ha llevado a cabo diversas actuaciones destinadas a la construcción del nuevo Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife. En el marco del encargo suscrito por Orden del anterior Consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias de 30 de abril de 2019 con la entidad Gestur Tenerife, S.A., esta empresa pública elaboró los documentos necesarios para el estudio de distintas alternativas que permitan la corrección, en lo necesario, de las previsiones urbanísticas vigentes en la zona de Cabo Llanos, para el desarrollo del nuevo edificio.
En este contexto, la Consejería introdujo varios planteamientos nuevos al encargo que se tomaron en consideración, tales como la no supresión de los equipamientos ciudadanos previstos, o su traslado a zonas inmediatas; el mantenimiento del uso del actual Palacio de Justicia; el traslado de la sede del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y de los restantes órganos ubicados en la Plaza de San Francisco, y que se tomara como referencia para el proyecto que el desarrollo del Palacio de Justicia en la zona actual de Cabo Llanos deberá contar con zonas verdes y plazas de conexión entre sus edificios. Con estas indicaciones se elaboraron las alternativas estudiadas.
La vigencia de este Plan será indefinida hasta que se alcancen los objetivos planteados. No obstante, cada cinco años deberá realizarse un análisis exhaustivo del grado de cumplimiento de las medias y actuaciones y de la consecución de objetivos. El coste aproximado de este plan es 203.300 euros.
La asistencia jurídica gratuita recibió 9,4 millones de euros en el primer semestre de 2020
El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, dio cuenta hoy al Gobierno de Canarias de las subvenciones concedidas en el primer semestre de 2020 a los cuatro colegios de abogados de las Islas (Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas, Santa Cruz de La Palma y Lanzarote) y a los dos colegios de procuradores (Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife) para la prestación de la asistencia jurídica gratuita que en total ascienden a 9.399,487,15 euros.
Se cumple así con la Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020, que establece que semestralmente se dará cuenta al Ejecutivo canario de las subvenciones concedidas a los colegios de abogados y procuradores para la prestación de la asistencia jurídica gratuita y turno de oficio.
Esas ayudas, se otorgaron a los colegios de abogados de Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas, Santa Cruz de La Palma y Lanzarote, por importe de 8.374.322,86 euros, y a los colegios de Procuradores de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, con 1.024.864,29 euros.
Un total de 5.236133,95 euros correspondieron al Colegio de Abogados de Las Palmas; 2.510.439,89 euros al Colegio de Santa Cruz de Tenerife; 360.598,38 euros al de Lanzarote, y 267.450,64 euros al de Santa Cruz de La Palma.
En cuanto a los colegios de procuradores, al de Santa Cruz de Tenerife le otorgaron 431.496,79 euros en subvenciones, y al de Las Palmas, un total de 593.367,5 euros.
El Gobierno prorroga el tipo 0 para el IGIC de material sanitario hasta el 31 de octubre
El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado hoy un proyecto de decreto ley para prorrogar hasta el 31 de octubre el tipo 0 en el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) aplicable a la importación o entrega de material sanitario para combatir los efectos del Covid-19. La propuesta, tramitada por la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, se fundamenta en “la imperiosa necesidad de promover el equipamiento de bienes imprescindibles para atender una crisis sanitaria que sigue latente en la medida en que el virus no se ha extinguido y siguen apareciendo casos”.
A lo largo de este año, se han adoptado diversas medidas en el ámbito fiscal, de carácter excepcional y vigencia transitoria, que han sido necesarias no sólo para promover el crecimiento económico, sino también para respetar el principio de justicia tributaria. Una de esas medidas se plasmó en el Decreto Ley 8/2020, de 23 de abril, por el que se estableció el tipo 0 al material sanitario hasta el 31 de julio. Comoquiera que la situación derivada de la lucha contra la pandemia persiste, hay que continuar en alerta cumpliendo con las mismas medidas de prevención y control instauradas desde hace meses, lo que justifica liberar de carga fiscal indirecta al material sanitario.
En la norma aprobada hoy y que se remite al Parlamento para su convalidación, se incluye la relación de productos a los que se aplica el tipo 0, como dispositivos médicos (respiradores, ventiladores para respiración artificial), monitores, bombas, tubos, mascarillas para ventilación no invasiva, sistemas/máquinas de succión, laringoscopios, aparatos de monitorización de pacientes, escáneres de ultrasonido portátiles, guantes, protecciones faciales, monos de protección, kits de pruebas para el Covid-19, hisopos, esterilizadores médicos, artículos de uso quirúrgico o higiénico, fluxímetros o detectores de CO2 colirimétricos de espiración.
Sanidad destinará 3.876.000 euros a la prórroga y modificación del contrato de limpieza del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín
El Gobierno de Canarias autorizó este jueves, 30 de julio, a la Consejería de Sanidad a destinar 3.876.000,31 euros a la prórroga y modificación del lote 2 del contrato centralizado del servicio de limpieza del Servicio Canario de la Salud suscrito con la empresa CLECE, SA, referido a las dependencias sanitarias y administrativas del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.
Se trata de la tercera prórroga y modificación de este lote que tendrá un período de vigencia de seis meses, del 1 de enero al 30 de junio de 2021. En marzo de este año se autorizó la segunda prórroga, por un período similar de seis meses, del 1 de junio al 31 de diciembre de 2020.
El acuerdo adoptado autoriza, además, a modificar el importe del contrato de este lote en 532.710,28 euros (sin IGIC) para 2020 y 2021, debido al aumento de la frecuencia de las labores de limpieza y desinfección de las instalaciones hospitalarias por las medidas de prevención del COVID-19 y el incremento paulatino de la afluencia de pacientes y usuarios.
ACFI PRESS
